El país se apresta a aceptar 5 fallos adversos en el CIADI y pagar a las empresas cuyos derechos fueron avasallados por las políticas tomadas con posterioridad al año 2002. Este abrupto cambio de actitud sugiere que las decisiones de política de la última década fueron guiadas más por la impericia y la improvisación que por convicción ideológica. De todas formas, lo más importante es que con este precedente se explicita el enorme esfuerzo que será necesario desplegar para resolver la gran cantidad de controversias que siguen en disputa.

El Centro Internacional para Arreglos de Disputas de Inversión (CIADI) tiene como principal función arbitrar para facilitar acuerdos entre los Estados adheridos y empresas privadas. Se busca así suplir el vacío legal que existe, en materia de derecho internacional, para resolver controversias entre los Estados y empresas privadas extranjeras en casos de estatizaciones o reformas radicales de marcos regulatorios. El Centro, que forma parte del Grupo Banco Mundial, comenzó a funcionar en 1966 y tiene adherido a 158 países. Los dos únicos países importantes que no participan son Brasil y la India.

El CIADI no es un tribunal sino un ámbito de conciliaciones. Por eso, sus dictámenes pueden no ser acatados. Pero, por su prestigio e imparcialidad, contribuye a resolver controversias. Su función, en un mundo globalizado, es muy importante ya que ayuda a los países interesados a generar condiciones propicias para recibir inversiones dado que reduce los riesgos para las empresas a posibles decisiones unilaterales y arbitrarias de los Estados.

Trascendió que la Argentina se apresta a acatar 5 fallos adversos originados por reclamos de empresas de agua y energía luego del rompimiento de contratos producidos en la crisis del año 2002. Para dimensionar la importancia de esta decisión, se puede apelar al sitio oficial del CIADI donde se observa el siguiente panorama:

• En el CIADI hay en total 439 casos de conflictos entre empresas privadas y Estados.

• De estos casos, 159 son controversia que involucran a países latinoamericanos, 99 en África, 84 en Europa del Este y 71 en Asia.

• Argentina es el país que más controversias tiene acumuladas con 50 casos seguido por Venezuela con 37 casos.

Estos datos muestran que la Argentina, junto con Venezuela, colocan a América Latina como una de las zonas más riesgosas para hacer negocios. Se ubica muy por delante de África y los países de la ex Unión Soviética caracterizados por sus muy endebles instituciones. Excluyendo los 5 casos en los que Argentina se allanará, igual seguirá manteniendo con holgura su posición de liderazgo en el ranking de incumplimientos.

Lo llamativo es que para solucionar sólo el 10% de los conflictos es necesario comprometer un esfuerzo financiero de relevancia y arriar las banderas de soberanía y dignidad ante los agentes financieros internacionales. Semejante cambio de actitud pone en duda la consistencia y convicción de las políticas tomadas en la última década. Por el contrario, sugiere que las decisiones que motivaron tanto conflicto internacional fueron fruto de la impericia y la improvisación. Cabe advertir que los 45 casos que están pendientes requerirán sacrificios de pago y autocrítica mayores. Por ejemplo, entre ellos está la estatización de AYSA a las empresas Suez y Vivendi y la estatización de YPF a REPSOL.

El principal factor que motoriza este cambio de actitud del gobierno es el exceso de gasto público que ha superado los 4 puntos del PBI. Sin acceso al financiamiento internacional, los desequilibrios se vinieron cubriendo con ahorros previsionales y con la masiva emisión monetaria sin respaldo. Los límites de esta estrategia los explicita la cronicidad del proceso inflacionario y la caída de las reservas del Banco Central. En este marco, el sometimiento a los fallos del CIADI puede aportar paliativos –ya que los pagos a las empresas se hacen con bonos mientras que se abre la posibilidad de acceder a préstamos de dinero en efectivo del Banco Mundial– pero se trata de un alivio transitorio.

En la práctica implica que se emitirá menos deuda no registrada (consumo de ahorros previsionales y emisión monetaria sin reservas) apelando en su reemplazo a nueva deuda registrada (emisión de bonos para pagar a las empresas y préstamos del Banco Mundial). Esto alerta sobre la urgencia de un profundo ordenamiento de las cuentas públicas. De lo contrario, seguir dilatando estas decisiones obligará a un ajuste mucho más brusco y costoso en el futuro. (IDESA)